El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) - 2022 AS/COA - CONTROL RISKS

Evaluando la capacidad de América Latina para detectar, castigar y prevenir la corrupción
AS/COA - AMERICAS SOCIETY COUNCIL OF THE AMERICAS
CONTROL RISK
Publican la cuarta edición del índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC). El cual fue publicado por primera vez en el año 2019. El índice evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción.
El índice CCC evalúa y clasifica los países en función de la eficacia con la que combaten la corrupción.
Se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados.
La impunidad continua es más probable en los países situados en el extremo inferior de la clasificación.
El índice CCC examina 14 variables claves, como la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco.
El índice se basa en una gran cantidad de datos y en una encuesta propia realizada entre los principales expertos en anticorrupción de la firma Control Risks, del mundo académico, de la sociedad civil, de los medios de comunicación y del sector privado.
Por tercer año consecutivo el índice abarca 15 países, que en conjunto representan el 92% del PIB de América Latina.

Colombia ocupa el Octavo (8) lugar del ranking con un puntaje general de 4,87, en el año 2021 había obtenido un puntaje de 4,81 y en el año 2020 obtuvo 5,18. continuando con un retroceso cayendo del séptimo lugar al octavo lugar.
Colombia avanzó ligeramente en las categorías de Sociedad Civil y Medios de Comunicación y de Capacidad Legal
Descendió un 6% en la categoría de democracia e instituciones políticas, manteniendo una tendencia a la baja en esa categoría desde el año 2019 y quedando por detrás de la media regional.

Dentro de la categoría de capacidad legal, Colombia tuvo un retroceso del 20% en la variable que evalúa los organismos anticorrupción.
Durante el mandato de Iván Duque, la independencia de las oficinas de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía General de la Nación ha sido ampliamente cuestionada.

En enero de 2022, el presidente Duque promulgo una ley anticorrupción de amplio alcance, el cual aborda el papel de las empresas privadas en la facilitación y en la lucha contra la corrupción.
Las nuevas medidas aumentan la probabilidad de que las empresas sean objeto de investigaciones por corrupción, algunos observadores indican que la ley no aborda debidamente la influencia de los intereses especiales que existen en el gobierno ni las deficiencias en el sistema judicial.
Colombia registro un descenso del 21% en la variable que evalúa la calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas en un año electoral clave, donde se elegía congreso, senado y elecciones presidenciales. Los colombianos eligieron un Congreso fragmentado en marzo, y la desconfianza en el proceso electoral ha crecido entre acusaciones de fraude y llamados para que se realice un recuento de votos.
TEMAS CRITICOS QUE SE DEBEN MONITOREAR
El presidente electo Gustavo Petro propone reformas anticorrupción como legislación para la protección de denunciantes de corrupción, presupuestos participativos y mayor vigilancia en la contratación pública.
Petro ha anunciado planes para crear una fiscalía anticorrupción y una comisión internacional para investigar casos de corrupción pasados.
El nombramiento de un nuevo Contralor General por parte del Congreso en agosto será objeto de un fuerte escrutinio, y un choque de masas entre partidos para colocar su candidato a dicho cargo, con las coimas pertinentes.
El mandato del nuevo funcionario a cargo de la Contraloría, coincide con el inicio del mandato de Petro.
Avanza en el Congreso un proyecto de Ley para cambiar la forma de elegir al fiscal general para aumentar su independencia. Actualmente, La Corte Suprema de Justicia elige al fiscal general a partir de una lista presentada por el presidente.
Con esta reforma constitucional, el presidente selecciona un candidato de una lista preparada por la Corte Suprema de Justicia